De esta manera, se asegurará no sólo la gratuidad de la docencia a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las universidades del Estado, afirma Fedcolprof.
Compartimos la columna de opinión desarrollada por el Dr. Braulio Ariel Contador Peña.
La Federación Gremial de Colegios Profesionales Universitarios (Fedcolprof) insta al Gobierno a dedicar los recursos del Presupuesto 2016 a fortalecer la educación pública, asegurando la gratuidad de la enseñanza en las universidades del Estado.
Ante la decisión del Tribunal Constitucional que obliga al Gobierno a redistribuir los recursos destinados a ampliar la gratuidad en la educación, creemos que el Ejecutivo debe hacer una clara opción por una educación pública de calidad, financiando completamente a las universidades estatales. Esta decisión respecto de la gratuidad debe ejecutarse aumentando el aporte basal de las universidades del Estado y no a través del subsidio a la demanda, entregando bouchers o becas a los estudiantes. De esta manera, se asegurará no sólo la gratuidad de la docencia a los estudiantes, sino el financiamiento de la investigación en las universidades del Estado.
Insistir en el camino de financiar la educación superior en función del ingreso de los estudiantes sólo beneficiará a quienes lucran de manera ilícita en las universidades privadas, mediante mecanismos como el arriendo de sus dependencias a inmobiliarias de su misma propiedad. No se ayuda a los estudiantes de bajos ingresos mediante la entrega de una educación gratuita de mala calidad, provista por agentes privados y con escasa posibilidad de inserción laboral al término de las carreras. Por el contrario, constituye una verdadera estafa a las familias de menores ingresos.
El problema de fondo de la educación superior chilena es que no responde a una Estrategia Nacional de Desarrollo del país, sino a criterios de mercado, donde mediante técnicas publicitarias se induce a los jóvenes a estudiar carreras que no tienen campo laboral y que no son necesarias para el país. Por el contrario, la Federación de Colegios Profesionales Universitarios considera que la educación es un derecho social que debe asegurar el Estado en función de objetivos de desarrollo-país.
Los recursos del Estado no pueden ser entregados a universidades privadas que conciben la educación como un negocio y que –en muchos casos- no cumplen con estándares mínimos de calidad. Todas estas materias deben ser abordadas con precisión por el proyecto de ley que normará la educación superior y que, según ha comprometido el Gobierno, ingresará en diciembre al Congreso. Esperamos en esta ocasión ser escuchados por los parlamentarios, pues los profesionales somos el principal producto de la educación universitaria en Chile.
Entendemos a la educación como un bien público y como tal es el Estado quien debe regularlo y asegurarlo, el mercado no tiene nada que hacer en la regulación de los bienes públicos, como pareciera piensan los que conciben la educación como un bien de consumo y presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional.
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